El examen de legalidad del actuar de Carabineros de Chile al realizar maniobras de contención dentro de las manifestaciones sociales y el uso de armas antidisturbios es una temática que no puede ser resuelta mediante un recurso de protección.

La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respondió nueve preguntas que la fiscal Claudia Perivancich le envió en octubre del año pasado, quien indaga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Chile durante el estallido social.

El máximo Tribunal recalificó los delitos de homicidio frustrado y homicidio en grado de tentativa por lesiones graves y daños, respectivamente.

El acceso a copia de las imágenes había sido denegado por la institución aludiendo a que la institución debería distraer al personal policial de sus funciones para realizar manualmente acciones de tarjado o difuminado de datos personales –como la imagen del rostro- de quienes pudieran aparecer en las grabaciones y evitar así su individualización.

El CPLT ilegalmente ha exigido la entrega de una información que no consta en actos, resoluciones, actas, procedimientos, contratos y que no ha sido elaborada con presupuesto público y que, además, no consta en soporte alguno.

2.180 fueron civiles, de los cuales, 1.796 presentan condenas anteriores (82,4%). Además, de este universo, 26 se mantenían en prisión preventiva por, al menos, algún delito  relacionado al llamado estallido social al 11 de diciembre de 2020.

Dictamen responde a una solicitud del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) que expone una omisión administrativa en la no declaración ni pago de las cotizaciones previsionales del mes de octubre de 2020, respecto de su cuerpo docente y asistencial de educación.

El Tribunal no acogió la modificación de medidas cautelares plateada por la defensa y mantuvo la cautelar más gravosa para Crespo Guzmán, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Se fundamenta en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas detenidas y procesadas penalmente en juicios que no se habrían extendido tanto tiempo en un contexto de normalidad.

Junto con la acción referida, otros 3 Generales presentaron, en su oportunidad, los correspondientes recursos de protección, en donde expresaron las mismas alegaciones, por lo que este mismo criterio fue utilizado para declarar la inadmisibilidad de las acciones constitucionales.