La Corte concluyó que en la emisión del acto administrativo impugnado el SERNAC no cumplió las exigencias previstas en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, ni tampoco consideró los factores de capacidad, calificación e idoneidad personal, contemplados en el artículo 10 inciso cuarto de la Ley N° 18.834, para determinar su nueva remuneración.

Sostiene que se han excedido los plazos establecidos en el Estatuto Administrativo que regula el sumario administrativo, y que aunque estos plazos no son fatales, su tramitación debe ser razonable, lo cual no se cumple en el caso.

La Corte Suprema resolvió que el decreto impugnado aparece desprovisto de razonabilidad, puesto que, la declaración de salud incompatible para el cargo resulta contradictoria con el desempeño laboral del actor por varios meses, antes de que se adoptara la decisión.

Si un empleado es nombrado para un cargo incompatible, al asumirlo cesará por el solo ministerio de la ley en su anterior plaza, sin perjuicio de las excepciones que la ley prevé.

Inhabilidad de ingreso a la Administración, por haber sido calificado en lista 4 o por dos años consecutivos en lista 3, se genera no solo por la declaración de vacancia del cargo, sino también cuando el funcionario, luego de ejecutoriada su mala evaluación, presenta su renuncia.

La requirente no ha logrado explicar de qué manera en su caso concreto –una acción de tutela de derechos fundamentales ante la judicatura laboral− la norma produciría efectos inconstitucionales.

Es el sentenciador de fondo quien deberá resolver la controversia y hacer las distinciones que estime pertinentes, entre las que se encuentra el carácter público de la demandada, pero también la categoría de los derechos demandados sin que sea esta magistratura la que deba zanjar el conflicto al calificar de inconstitucionales normas que, por el contrario, ha reafirmado en su razonabilidad y constitucionalidad, tanto en sus dimensiones individuales como colectivas.

Si los fiscalizadores realizan visitas domiciliarias o labores inspectivas en el desempeño de su cargo, para lo cual incurren en gastos de traslado, corresponde que se mantenga el pago de la asignación de movilización.

La requirente sostiene que la ausencia de regulación sobre el rechazo de diligencias probatorias produce su indefensión, transgrediéndose su garantía a un debido proceso.

Tres órganos públicos, -Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, Ministerio de Justicia y Derecho Humanos y CGR- coincidieron en la misma conclusión: que el actor debía ser destituido de su cargo, motivo suficiente para desestimar la acción.