Es el sentenciador de fondo quien deberá resolver la controversia y hacer las distinciones que estime pertinentes, entre las que se encuentra el carácter público de la demandada, pero también la categoría de los derechos demandados sin que sea esta magistratura la que deba zanjar el conflicto al calificar de inconstitucionales normas que, por el contrario, ha reafirmado en su razonabilidad y constitucionalidad, tanto en sus dimensiones individuales como colectivas.

Si los fiscalizadores realizan visitas domiciliarias o labores inspectivas en el desempeño de su cargo, para lo cual incurren en gastos de traslado, corresponde que se mantenga el pago de la asignación de movilización.

La requirente sostiene que la ausencia de regulación sobre el rechazo de diligencias probatorias produce su indefensión, transgrediéndose su garantía a un debido proceso.

Tres órganos públicos, -Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, Ministerio de Justicia y Derecho Humanos y CGR- coincidieron en la misma conclusión: que el actor debía ser destituido de su cargo, motivo suficiente para desestimar la acción.

El máximo Tribunal consideró que la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, no puede aplicarse a los contratos celebrados por la administración debido a la imposibilidad de convalidación. No obstante, ordenó el pago de las deudas previsionales por el período en que el Servicio se obligó a retener tal pago al trabajador.

Dado que los funcionarios no se encuentran obligados a gozar del feriado en forma continua, no existe razón para que su duración quede determinada por la fecha en que se inicia su uso.

Abogado que prestaba servicios en el juzgado de policía local de La Granja, demandó por tutela de derechos fundamentales, despido indirecto y nulidad del despido; no obstante, no acreditó el vínculo de subordinación y dependencia, por lo que la relación con el municipio no era de carácter laboral, sino regida por el Estatuto Administrativo.

Lo anterior corresponde al ejercicio de la función de la Contraloría de revisar la legalidad de los procesos sumariales en su totalidad, una vez resueltos los recursos previstos en las normas que rigen al personal de las Fuerzas Armadas, y de las Fuerzas de Seguridad y Orden Público. (Artículo 160 de la Ley 18.834).

Para permitir que el principio de probidad se haga realidad, la Ley adopta diversas medidas: establece inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos, describe conductas que “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa” y establece deberes positivos derivados de la probidad, como la necesidad de prestar ciertas declaraciones para acceder a cargos públicos.

El recurrente alegó que su desvinculación no procedía, puesto que el certificado de la COMPIN calificaba su estado de salud como “recuperable”, pero se resuelve que la cesación del cargo por salud incompatible solo requiere que se constate el uso de licencias médicas prolongadas.