Ucrania invocó una disposición transitoria que restringe la competencia del CPI sobre los crímenes de guerra cometidos por sus nacionales durante un período de siete años. Este mecanismo, contemplado en el Estatuto de Roma, permite a los Estados establecer limitaciones temporales a ciertas jurisdicciones como parte de su proceso de adhesión.
La ratificación se alinea con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania, de cara a una posible adhesión de este país a la Unión Europea, cuyos Estados miembros son todos partes del Estatuto.
El fiscal Khan ha declarado que, a partir del 8 de octubre, Israel implementó un «asedio total» sobre Gaza, restringiendo el flujo de bienes esenciales para la supervivencia humana. Se alega que este bloqueo fue utilizado como método de guerra.
La Fiscalía de la CPI emitió una declaración resaltando el interés público en los casos en cuestión y promoviendo el diálogo, pero advirtió contra cualquier forma de represalia hacia la Corte, lo cual está prohibido según el Estatuto de Roma.
Un Estado que, como Venezuela, no ha incorporado los crímenes de lesa humanidad en su derecho interno, si bien no está obligado a investigar los presuntos hechos delictivos bajo la calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad, debe, no obstante, investigar las acusaciones fácticas que sustentan los elementos contextuales de tales crímenes.
En su comunicado Chile indica que: «Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación».
El tratado establece que dicha Corte juzgará delitos en los que se usen armas: con agentes biológicos o toxinas, aquellas cuyos fragmentos no sean posible de localizar por rayos x, y las de rayos láser que causan ceguera.
El Fondo Fiduciario para las Víctimas fue establecido en virtud del artículo 79 del Estatuto de Roma y su objetivo principal es garantizar una justicia retributiva y restaurativa a las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad.
En la discusión en el Congreso Nacional, no existió referencia alguna a excluir a ese tipo de delitos de la aplicación de la ley de reducción de condena.
Agrupados por la fundación stop ecocidio, 12 expertos en medio ambiente y derecho penal internacional han consensuado una propuesta.
La decisión fue acordada con el voto preventivo del Ministro Pica, quien concurre a la sentencia, teniendo además presente sus propias consideraciones.
