El Fondo Fiduciario para las Víctimas fue establecido en virtud del artículo 79 del Estatuto de Roma y su objetivo principal es garantizar una justicia retributiva y restaurativa a las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad.

En la discusión en el Congreso Nacional, no existió referencia alguna a excluir a ese tipo de delitos de la aplicación de la ley de reducción de condena.

Agrupados por la fundación stop ecocidio, 12 expertos en medio ambiente y derecho penal internacional han consensuado una propuesta.

La decisión fue acordada con el voto preventivo del Ministro Pica, quien concurre a la sentencia, teniendo además presente sus propias consideraciones.