El debate de fondo radica en determinar cuántos años bajo la modalidad a contrata se necesitan para obtener la “confianza legítima” que permita tener la seguridad de que las renovaciones anuales serán reiteradas en el futuro. Si bien la Contraloría ha estimado que ese plazo es de dos años, la Corte Suprema ha resuelto en reiterados fallos que es cinco años.