La eutanasia ya no se limita a las enfermedades terminales, pero como la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social no ha sido actualizada, ello ha terminado por constituir una barrera de acceso a este derecho que, además, desconoce los efectos erga omnes de una sentencia de constitucionalidad.
En muchos de los países en los que está legislada, cuando el paciente pide la intervención se corrobora, mediante evaluaciones psiquiátricas para asegurarse que no se trata de una simple depresión, y los requisitos son rigurosos.
La presentación de este recurso se enmarca dentro del contexto legal establecido por la Corte Suprema de Canadá en su decisión de 2015 en el caso Carter v. Canadá, que declaró inconstitucionales las secciones del Código Penal que prohibían la asistencia médica para morir.
El caso de Marin Sabau, el pistolero de Tarragona, ha generado debate tanto dentro como fuera de España.
La asociación ultracatólica solicitó la cautelarísima a instancias del padre de la adolescente.
Aboga por una posición equilibrada y compasiva que reconozca la responsabilidad y libertad del individuo, incluso en la decisión sobre el final de su vida.
A pesar de una tendencia creciente hacia su legalización, la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa siguen prohibiendo tanto el suicidio médicamente asistido como la eutanasia. Por lo tanto, el Estado tiene una amplia discreción a este respecto, y en el caso las autoridades mantuvieron un justo equilibrio entre los intereses en juego.
Según el reglamento, la eutanasia consiste en la “administración de fármacos en dosis letales, con el objetivo de causar la muerte anticipada a una persona con una enfermedad grave e incurable o lesión corporal grave e irreversible, solicitada de manera voluntaria, informada e inequívoca por el paciente o su representante legal”.
Asignar una protección absoluta al derecho a la vida en su primera dimensión resultaría en una afectación más significativa, ya que en este escenario no existe una privación no arbitraria, además, hay un contexto de sufrimiento intenso por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable.
La Autoridad Sanitaria está facultada para retirar y eliminar a los perros vagos o comunitarios, sólo cuando se está en presencia de un caso de rabia o de un eventual brote de esa enfermedad.
En una reciente publicación del medio infocatolica.com se da a conocer el artículo «Puppinck, Director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está construyendo un «Derecho a Morir»». El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se prepara para juzgar un caso relativo a la eutanasia el 28 de […]
