La requirente sostuvo que en el caso concreto, la aplicación del precepto legal impugnado restringe injustificadamente diversos derechos constitucionales, incluidos el derecho al debido proceso, a la libertad económica, al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica.
En la especie, se declaró inadmisible la excepción opuesta dentro de plazo por el ejecutado, circunstancia que el máximo Tribunal enmendó de oficio al estimar que la judicatura de base perjudicó el derecho a defensa del actor.
El requirente alega que el precepto impugnado coarta su derecho a la defensa jurídica.
El requirente alega que no puede defenderse de una ejecución injusta, lo que vulnera sus garantías de debido proceso e igualdad ante la ley.
El requirente alega que se le impide defenderse de una ejecución injusta, vulnerando sus garantías de debido proceso e igualdad ante la ley.
No se advierte vulneración del derecho al debido proceso y a la igualdad ante la ley en los términos denunciado por el requirente.
El requirente alega que prohibir oponer excepciones de carácter personal al tercero adquirente del título de crédito produce efectos inconstitucionales.
El requirente alega que no puede oponerse a un cobro injusto en virtud de los preceptos cuestionados, vulnerándose sus derechos a un debido proceso y propiedad.
El requirente alega que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.
El requirente estima que no permitírsele controvertir una ejecución improcedente, se vulnera el debido proceso.
La Polar estima que la aplicación de la norma en este caso pugna con los derechos establecidos en la ley de quiebras y vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso.
