La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que se le impide hacer valer sus observaciones a la ejecución de la sentencia dictada por el tribunal de cuentas, a fin de que sea el tribunal de justicia el que analice y determine la efectividad de los cuestionamientos planteados con relación al título y su ejecutoriedad.