El requirente alega que no puede oponerse a un cobro injusto en virtud de los preceptos cuestionados, vulnerándose sus derechos a un debido proceso y propiedad.
El requirente alega que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.
El requirente estima que no permitírsele controvertir una ejecución improcedente, se vulnera el debido proceso.
La Polar estima que la aplicación de la norma en este caso pugna con los derechos establecidos en la ley de quiebras y vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente estima que dicha limitación afecta su derecho a defensa de forma arbitraria, perjudicando directamente su patrimonio.
El requirente, La Polar, estima que la aplicación de la norma en el caso concreto pugna con los derechos establecidos en la ley de quiebras, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente estima que dicha limitación afecta su derecho a defensa de forma arbitraria, perjudicando directamente su patrimonio.
El máximo Tribunal resolvió que los sentenciadores del grado efectuaron una correcta aplicación de la normativa aplicable.
La requirente estima que la disposición cuestionada infringe la igualdad ante la ley y la garantía del debido proceso, en relación al derecho a la defensa.
La Segunda Sala señaló que el artículo 84, inciso primero, numeral 3°, establece que un requerimiento deberá ser declarado inadmisible cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación.
