La propuesta busca resguardar el derecho de las víctimas de incendios, evitando abusos por parte del Estado, estableciendo que la comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización tenga en consideración el valor del bien con anterioridad al incendio.
El máximo Tribunal estimó que el reclamo del recurrente obedecía a una inconformidad con el resultado, y no a un error en la forma en que el tribunal valoró los informe periciales acompañados por ambas partes para fijar el valor de un bien raíz expropiado.
Es indispensable el diálogo entre las partes, en aras de implementar las acciones necesarias para una pronta devolución del territorio restante (2.999 hectáreas). La visita y audiencia, convocadas para mayo de 2023, podría permitir recibir información y explicaciones de manera directa sobre ello, y facilitar el diálogo.
La acción de incumplimiento busca proteger la tutela judicial efectiva en el componente de ejecución de la sentencia, en tal razón, es incompatible con su naturaleza y con la tutela judicial efectiva que una sentencia no se ejecute, salvo excepciones.
La Corte de Apelaciones mantuvo el monto indemnizatorio decretado por la comisión tasadora sin enunciar las apreciaciones que le merece la prueba pericial acompañada por la reclamante. Infringe la regla establecida en el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil.
Al conocer la apelación del demandante que reclama el monto asignado por la comisión tasadora, la Corte de Rancagua aumentó prudencialmente la suma de la indemnización, sin explicar coherentemente los fundamentos de tal decisión, lo que la Corte Suprema estimó contrario al principio de razón suficiente que deben seguir las sentencias emanadas por los tribunales de justicia.
La judicatura de fondo utilizó elementos de un informe pericial contradictorio, en el que se fijaba un valor inferior por metro cuadrado que el ofrecido por la Comisión tasadora, sin explicar el tribunal los elementos de convicción que lo llevaron a elevar el monto definitivo de la indemnización.
La frase “demanda judicial” contenida en el artículo 2518 del Código Civil debe entenderse como cualquier gestión empleada por el acreedor para defender su derecho, en la especie, el reclamo sobre el monto indemnizatorio fijado por la Comisión Tasadora al expropiar el predio del reclamante.
La expropiada buscó incrementar el monto de la indemnización provisoria, argumentando que la prueba acompañada en juicio no fue debidamente ponderada por la judicatura de fondo, lo que fue considerado por el máximo Tribunal como un intento de modificar los hechos asentados en la causa.
No se verifica la infracción a las normas reguladoras de la prueba acusadas por el recurrente, y éste no cumplió con acreditar un mayor valor del inmueble, máxime si la prueba pericial y documental rendidas fueron confusas y no prueban un valor estable de los predios contiguos que no poseen las mismas características que el lote expropiado.
El Gobierno buscar reafirmar su compromiso de respetar la propiedad de los fondos de pensiones ahorrados en las cuentas de las y los trabajadores(as) que se rigen por el Decreto Ley N°3.500 de 1980.
