Estas dificultades pueden ser solucionadas con la constitución de las respectivas servidumbres de tránsito y/o acueducto.
La propiedad privada debe ejercerse observando los parámetros de responsabilidad social y ambiental.
La posesión no merece tutela constitucional, precisamente porque no está dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la propiedad.
No se advierte que sea conveniente o necesario introducir cambios en la regulación constitucional al efecto, menos en una orientación que persiga debilitar estos derechos que han sido pilares esenciales del progreso de Chile.
El tribunal de alzada no consideró que las obras de habilitación son gastos que los terceros deben reclamar al propietario del inmueble expropiado sobre el monto indemnizado.
La resolución impugnada no aplica debidamente principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados que rigen la prueba pericial del Código de Procedimiento Civil.
El valor fijado por el Fisco en el avalúo fiscal responde a criterios distintos de aquellos que se consideran para el valor comercial de un bien.
El máximo Tribunal de Argentina adujo que el tribunal local restringió su pronunciamiento al tipo de moneda en que debía ser fijado el quantum indemnizatorio, pero no evaluó si tal suma retribuía el valor que poseía el bien expropiado al momento de la desposesión.
La Corte de Apelaciones de Concepción indicó que el derecho de propiedad cuya protección reclamó el recurrente no tiene el carácter de indubitado.
