No existe ilegalidad en el actuar del Servicio recurrido, ya que se fundó en una causal contemplada en la ley y previo apercibimiento al amparado, sin que acompañara dentro del procedimiento administrativo regulado para tal fin, ni durante la tramitación de estos autos, el pago solicitado, refirió el voto en contra.
La Comisión de Gobierno Interior culminó la votación del proyecto que busca fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior y mejorar la ejecución de las expulsiones administrativas.
Debe tenerse en especial consideración el arraigo familiar que tiene la amparada en Chile, toda vez que tiene a su madre quien cuenta con residencia definitiva, por lo que debe primar en este caso el principio de reunificación familiar y de protección de la familia.
Impedir que condenada sea ingresada al CET semiabierto por mantener vigente una expulsión administrativa y no contar con cedula de identidad no sólo vulnera el principio de legalidad, sino también el principio de no discriminación en razón del origen nacional, refiere el voto en contra.
Establece un procedimiento especial para la expulsión inmediata de personas extranjeras en dos casos específicos: ingreso al país sin control migratorio y realización de actividades que amenacen el orden público interno, la seguridad nacional o ciudadana. Este procedimiento tiene una duración máxima de 24 horas.
Prescriben la expulsión de los ciudadanos extranjeros que hayan purgado una pena por los delitos de homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro y trata de personas, entre otros, estableciendo para ello modificaciones al Código Penal. También amplía el control de identidad de los detenidos de 4 a 12 horas.
No se verifica el vicio de ilegalidad. La resolución que fue dictada por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundada en causal legal y está suficientemente motivada, considerando la gravedad del ilícito por el cual fue condenado el reclamante.
La propuesta avanza en un perfeccionamiento del sistema de notificaciones al procedimiento de expulsión, ampliando las alternativas vigentes.
El artículo 9, N°4, de la Convención de los Derechos del Niño, dispone las medidas que deben adoptar los Estados en caso de expulsión o separación de los padres, pero esto no impide la adopción de esta medida cuando se encuentra justificada.
A pesar de encontrarse en el país dos hijos chilenos, y contar con vínculo familiar dependiente económicamente de él, la gravedad del ilícito penal hace que se encuentre en un listado que permite medidas como la descrita.
