Debe tenerse en especial consideración el arraigo familiar que tiene la amparada en Chile, toda vez que tiene a su madre quien cuenta con residencia definitiva, por lo que debe primar en este caso el principio de reunificación familiar y de protección de la familia.
El cambio normativo operado introdujo una profunda modificación en las características que debe reunir la condena penal que pesa sobre el migrante para habilitar su expulsión del país por la Dirección Nacional de Migraciones.
El fallo impugnado no consideró como atenuante la irreprochable conducta anterior al ser un extranjero en situación irregular, yerro que se debe enmendar y como tal circunstancia tiene influencia se disminuye la pena, sustituyéndola por la de expulsión y prohibición de ingreso al territorio nacional.
Si bien el derecho a ser oído del extranjero es fundamental para resolver la medida de expulsión, se podrá prescindir de ella si la ausencia ha sido motivada por causas exclusivamente imputables al acusado.
Si bien la recurrente sostuvo que presentaron un examen válido, ésta no logró acreditarlo en sede administrativa ni de otro orden.
La asesoría jurídica recibida por la recurrente, prestada por la institución a la cual se derivó su caso, obtuvo un pronunciamiento favorable, lo que impide sostener que haya quedado desamparada.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la intendencia recurrida, al dictaminar la expulsión de los amparados, tras desistirse de la denuncia por ingreso ilegal al país que había presentado ante el Ministerio Público.
