La magistratura estimó que el sumario que decidió la desvinculación del actor se ajustó a derecho, en atención a que el recurrente siempre supo el cargo que enfrentaba, y se le brindó la posibilidad de presentar pruebas, controvertir, y apelar la decisión a un órgano superior de la institución, por ende, no se vulneró el debido proceso.

Es responsabilidad del solicitante presentar en tiempo y forma los antecedentes requeridos, dentro del procedimiento establecido al efecto y cumplir los requisitos legales para permanecer en el país. No puede emplearse la acción de amparo como un mecanismo de tramitación administrativa y agregación de antecedentes que debieron ser puestos a disposición de la autoridad recurrida en su oportunidad, señala el voto en contra.

La magistratura estimó que la conducta del estudiante perjudicaba a la comunidad escolar, razonando que la desvinculación se ajustó a derecho y siguió todos los reglamentos internos y medidas disciplinarias progresivas para no vulnerar los derechos del niño, que se encontraba condicional en el recinto desde el año 2018.

Los documentos acompañados acreditan que desde su ingreso al país la amparada trabaja como médica, reside en forma regular en un departamento de su propiedad, cuenta con cotizaciones previsionales, paga impuestos, ha formado una empresa que da trabajo a otras personas, tiene arraigo familiar y su intención siempre ha sido trabajar, reunirse con su familia, y ser un aporte para esta sociedad.

El amparado ha consolidado su residencia en el país, a través de actividades remuneradas, como consta del certificado de cotizaciones, como también cuenta con arraigo familiar junto a su cónyuge y dos hijos, lo que demuestra que durante su estadía se ha dedicado a actividades exentas de reproche.

La Primera Sala del tribunal de alzada desestimó la procedencia del recurso, al no ser recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia que, además, se encuentra sometida al conocimiento de la entidad pertinente, la Superintendencia de Educación.

El actuar de la recurrida no fue arbitrario, desde que éste se basó en la gravedad de las conductas desplegadas por las hijas de la recurrente, las que además no han sido controvertidas por ellas.

Si bien es pública y notoria la permisividad con que se actúa en las fronteras chilenas, lo cierto es que tal situación fáctica no importa una autorización jurídica por parte de las autoridades, ni le priva a ella del ejercicio de sus facultades legales.

No se advierte arbitrariedad, por cuanto no ha sido el mero capricho de la Universidad el que ha motivado la actuación que se reclama, sino únicamente la cabal observancia de las normas de los reglamentos internos universitarios.

La propuesta significa un retroceso respecto a lo consensuado en la elaboración de la ley 21.325, que establece en su artículo 9° el principio de no criminalización de la migración irregular.