La amparada hoy es madre de un niño chileno, conformando un grupo familiar junto a su pareja, a quien se le ha concedido la permanencia definitiva, elementos todos inexistentes a la fecha en que se dispuso la expulsión.

El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de Valparaíso e hizo lugar a la acción cautelar, al estimar que la recurrida no respetó la igualdad ante la ley del actor, sancionándolo con la expulsión sin efectuar una adecuada relación de las normas quebrantadas por el recurrente, por lo que invalidó el castigo y ordenó una nueva investigación administrativa.

No parece razonable exigirle al Estado que deje sin efecto el acto administrativo con ocasión de la protección a la familia, si fue el propio amparado el que la desatendió y no procuró resguardar.

La Tercera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la fundación deportiva al expulsar al recurrente sin fundamento y sin ceñirse a un debido proceso.

Se vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, dado que es un derecho de la alumna ser tratada en un proceso sancionatorio, como el que se llevó en su contra, en iguales condiciones que otros niños en igual situación.

El extranjero deberá mantener actualizada la dirección de su estadía o dirección de correo electrónico, e informar sobre cualquier cambio dentro del plazo de treinta días corridos desde que se haya producido.

El artículo 53 del Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la PDI se encuentra derogado tácitamente desde la entrada en vigencia del artículo 142 bis del estatuto del personal policial.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de la parte recurrida, al decretar la salida del país de la amparada sin que conste una sentencia condenatoria que sustente la expulsión del territorio nacional de la amparada.

Del requerimiento queda de manifiesto que el supuesto efecto inconstitucional denunciado no se deriva de la aplicación del artículo 34 de la Ley N°18.216, en su parte impugnada, sino de los artículos 127 o 128 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería que, en todo caso, estarían destinados a ser aplicados en un procedimiento administrativo futuro y eventual, por lo que solo cabe omitir el pronunciamiento a su respecto.

Los actores acusaron que el Tribunal Supremo de la colectividad les aplicó la sanción de expulsión en un procedimiento en que no se les permitió ejercer su derecho a defensa, ni presentar pruebas, vulnerando con ello el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.