La propuesta avanza en un perfeccionamiento del sistema de notificaciones al procedimiento de expulsión, ampliando las alternativas vigentes.
Una medida de gravedad extrema como la aplicada al estudiante requiere necesariamente de la existencia de un proceso investigativo que haya respetado sus derechos constitucionales y un debido proceso.
La medida fue considerada como desproporcionada en atención a los hechos que se imputaron a los recurrentes, vulnerando la igualdad ante la ley, y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales en ausencia de un proceso racional y justo.
La medida de expulsión se adoptó en concordancia a su Reglamento Interno y se basó en diversas conductas que fueron constitutivas de infracciones tipificadas como falta muy grave. Además, los antecedentes se encuentran en conocimiento de la Superintendencia de Educación.
La decisión es arbitraria por ausencia de motivación suficiente, al no explicarse la razón que llevó a la Universidad a aplicar al estudiante la máxima sanción posible, existiendo un catálogo de otras sanciones aplicables que resultaban más acorde a los hechos imputados.
La facultad de la autoridad para expulsar cede ante razones humanitarias relacionadas con la protección de la familia, asentadas en normas de la Carta Fundamental y tratados internacionales, más si la autoridad se desistió en su oportunidad de la denuncia por haber aquella ingresado al país de modo irregular
Habiéndose adoptado medidas menos gravosas con anterioridad, las que no obtuvieron resultado alguno, no puede atribuirse a la recurrida actuar con arbitrariedad.
Recurrentes alegaron que el proceso sancionatorio seguido en su contra no respetó las garantías constitucionales del debido proceso y la prohibición de ser juzgados por comisiones especiales.
La medida de expulsión implicaría una vulneración a las bases de la institucionalidad, que consagran a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad.
El máximo Tribunal estimó que el ente actuó como una comisión especial, privando al actor de sus derechos sindicales, hecho culpable que debe ser asumido por la organización, en atención a su rol tutelar respecto de los derechos de los trabajadores afiliados.
