La medida dictada hace más de 4 años por un delito de tráfico de estupefacientes es desproporcionada e innecesaria, ya que la permanencia de la amparada no reviste la gravedad y peligrosidad que amerita la expulsión y prohibición de su ingreso al país.

Máxime cuando no existen antecedentes que demuestren que haya incurrido en otros ilícitos penales a posterior.

Estimó que los fundamentos del decreto de expulsión no son proporcionales a la infracción y causal de expulsión invocada.

El Tribunal de alzada dejó sin efecto las resoluciones dictadas el 13 de julio pasado, por el Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos de la comuna, por faltas al debido proceso.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario del Ministerio del Interior y Seguridad Publica al decretar la expulsión del amparado, quien cuenta con arraigo en el país y cumplió la totalidad de la pena.

El fallo del Tribunal de Alzada señaló que, constituye un principio esencial del Derecho, la proscripción de la auto tutela.

La Corte de Arica señaló que, la autoridad regional al desistirse de la acción penal evidenció con ello que no tuvo intención de que fuera indagado el supuesto delito cometido.