En concreto, pidieron a la CIDH urgir a los Estados a crear o fortalecer zonas intangibles libres de minería en consideración a sus valores culturales, climáticos o ecosistémicos; abstenerse de modificar los marcos normativos de protección ambiental y de pueblos indígenas con el propósito de facilitar la inversión en proyectos de minería para la transición energética sin considerar la protección de los derechos humanos, entre otros.