El haber establecido que el periodo de duración de la referida medida de coerción personal será hasta que concluya el proceso de extradición, constituye una decisión arbitraria, pues carece de razonabilidad imponer una prisión preventiva que se podría prolongar en el tiempo de manera indefinida, lo cual vulnera el derecho de la favorecida a que su situación jurídica se defina dentro de un plazo razonable.
En junio de 2016, el requerido no respetó un semáforo en rojo en la ciudad de Buenos Aires y atropelló a dos peatones ocasionándoles diversas lesiones de carácter grave, huyendo con posterioridad hacia nuestro país; no obstante, la solicitud de extradición arribó a Chile en 2022 cuando la acción penal del delito ya estaba prescrita, por lo que el pedido fue desestimado.
El ministro instructor hizo lugar a la solicitud de extradición, pero suspendió la entrega del requerido por razones de arraigo familiar y reinserción ordenando su juzgamiento en Chile, decisión que revocó el máximo Tribunal al observar que la persecución penal en nuestro país se “tornaría ilusoria” debido a que toda la prueba se encuentra en Argentina, disponiendo la entrega diferida del connacional una vez que cumpla su actual condena.
El requerido fue juzgado en “contumacia” -ausencia- y condenado a 424 de prisión por un homicidio cometido en Colombia en 2019. En Chile, el encartado se encuentra en prisión preventiva en Copiapó, por su presunta participación en un delito de receptación.
El connacional, es sindicado por su presunta participación en una red criminal dedicada a traficar estupefacientes hacia Argentina a través del paso Cristo Redentor. En abril de 2012 fue sorprendido por personal policial trasandino, en la provincia de San Luis, ingresando marihuana y cocaína escondidas en su vehículo.
El máximo Tribunal revocó parcialmente la decisión de la ministra instructora que dispuso la entrega inmediata del actor, y en su lugar, decretó la entrega diferida del acusado, una vez que finalice la investigación y cumpla las eventuales penas que enfrenta en Chile por su participación en diversos delitos violentos.
El proceso de extradición en la legislación venezolana se encuentra regido por diversos principios, entre los cuales prevalece el de la no entrega del nacional, consagrado en el artículo 69 de la Constitución. Este principio se basa principalmente en la idea de que conceder la entrega de un venezolano sería sacrificar el deber de protección del Estado para sus súbditos (que es a su vez un derecho de éstos) y sustraerlos de sus jueces naturales.
Los hechos ocurrieron en el aeropuerto de la ciudad de Märsta, donde el requerido junto a tres coimputados robaron dinero y oro a un funcionario de una empresa de transporte de valores.
Esto se desprende de las disposiciones contenidas en el artículo 440 y siguientes del Código Procesal Penal.
