La evidencia de deficiencias generalizadas o sistémicas en el Estado solicitante no es motivo suficiente para denegar la entrega. Más bien, una persona que se opone a la entrega debe proporcionar evidencia precisa y específica del motivo que socavará su derecho a un juicio justo.

El fallo concluye que en razón del artículo V del tratado de extradición entre ambos Estados, el delito prescribió luego de transcurridos 5 años.

Ante la falta de procedimiento especial que regule la tramitación de protección diplomática de un connacional ha de recurrirse a las reglas generales.

El requerido, junto con cuatro coimputados, son perseguidos por la justicia de la península al ser parte de una asociación delictual especializada en robos de joyas, atracos a casas y blanqueo de capitales.

El Tribunal de alzada estableció la procedencia de solicitar al país vecino la extradición del ciudadano chileno, atendido la gravedad del delito y la participación atribuida al requerido.

El ministro de la Corte Suprema Mauricio Silva acogió la solicitud formulada por las autoridades judiciales de México y autorizó la extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, quien enfrenta en su país una investigación por enriquecimiento ilícito.

Consideró que se utilizó la jurisdicción indígena con el fin de producir una sentencia ilegal para evitar la extradición.

La Corte señala que al extraditado no se le puede aplicar la garantía de no extradición debido a que los hechos por los que es requerido no tienen que ver con el conflicto armado colombiano y fueron posteriores a la firma del acuerdo de paz con las FARC.

El máximo Tribunal consideró que se cumplen los requisitos para solicitar la extradición al país europeo para que sea juzgado en nuestro país.

El ministro de la Barra informó a Escobar Poblete que deberá ingresar a cumplir prisión preventiva en el Centro Penitenciario Santiago 1 y someterse a la cuarentena de rigor. Finalizada la anterior, se realizarán las diligencias que se adopten en la causa.