No puede dejar de observarse la existencia de arraigo familiar en este país, lo que lleva a concluir que los fundamentos esgrimidos por la autoridad carecen de razonabilidad y proporcionalidad frente a las circunstancias y, sopesando la afectación que ello genera en el derecho a la libertad personal del amparado, garantizado por la Constitución.
No se verifica ilegalidad en la Resolución recurrida, desde que fue dictada por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundado en causa legal y dotada de la motivación necesaria, teniendo presente la gravedad del delito cometido.
El tribunal sustituyó la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado por la expulsión del territorio nacional, la que deberá concretarse en el plazo de 30 días, a contar de la fecha en que la sentencia quede firme o ejecutoriada.
La interpretación errónea de las normas en juego por parte del Servicio provoca la masiva judicialización de este tipo de causas, según consta en los registros de ingreso de la Corte Suprema.
Así lo propone la moción que está analizando la Comisión de Mujer y Equidad de Género y que limita la autorización que debe otorgar el padre a sus hijos para que puedan salir del país, en caso de que éste se encuentre por más de 90 días en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos.
El supuesto fáctico que fundamenta la petición de tutela a sus garantías de libertad personal y seguridad individual no subsiste en la actualidad, en cuanto ya fue reembarcado al país de origen.
El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó la de primer grado que acogió solicitud de oposición.
No parece conveniente, al menos por ahora, conforme al interés superior del niño, un cambio tan radical, que aleje a la menor del padre.
Máxime cuando no existen antecedentes que demuestren que haya incurrido en otros ilícitos penales a posterior.
Se les negó información necesaria para su defensa.
