La moción busca reformar la Constitución para incluir indemnizaciones a personas privadas de libertad por aplicación ilegal de medidas cautelares, alineándose con estándares internacionales en derechos humanos.
La responsabilidad del Estado emana del actuar doloso de un funcionario de Carabineros en servicio que disparó la carabina lanza gases que portaba, al rostro de la víctima, sin respetar la normativa vigente en relación a los protocolos del uso de armas.
No se advierte contaminación por parte del tribunal en la valoración de la prueba que diga relación con una posición política y social.
