La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar y le ordenó a la recurrida proceda a eliminar de Facebook, todo comentario y expresión directa e indirecta y abstenerse de incurrir nuevamente en dichas conductas por cualquier medio de comunicación social, redes sociales u otra forma de difusión masiva.

Se puede aceptar que los comentarios reflejaban un grado de malestar social que podría requerir una respuesta política, además del hecho de que correspondían al tipo específico de comunicación que se encuentra en ciertos portales en línea. No obstante, en un contexto electoral, el impacto del discurso racista y xenófobo se hace mayor y más nocivo, particularmente por el clima político y social conflictivo que primaba en aquel momento.

El amparo procede siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales.

Ningún derecho es absoluto y su ejercicio tiene como límite los derechos de otras personas, por lo que es necesario reconocer tal premisa cuando de libertad de expresión nos referimos a los fines de proteger otros derechos de igual jerarquía normativa, como son el derecho a la intimidad; a la imagen; el honor y buen nombre.

Si el recurrente estima que con las publicaciones realizadas se afectó su derecho a la honra, debe impetrar las acciones civiles o penales pertinentes.

No hay antecedentes que den cuenta que efectivamente haya sido la recurrida la que ha efectuado los hechos denunciados, como tampoco que Carabineros se haya negado cursar las denuncias.

Exigir que las plataformas revisen el contenido que los usuarios suben a las redes sociales, es inviable y en extremo dificultoso e importa una afectación a la libertad de expresión.

Recurrido deberá eliminar a la brevedad toda referencia a la recurrente y abstenerse en el futuro de incurrir en tales conductas.

La imputación de hechos reprochables, a nivel social y penal, implica no solo un acto de autotutela, sino también una vulneración al derecho y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

El responsable del tratamiento debe conocer todas las operaciones de tratamiento de datos y ser capaz de verificar y demostrar la legalidad de cada operación de tratamiento.