No habría gestionado adecuadamente los datos personales de los usuarios de Facebook e Instagram, ni tampoco informado debidamente el procesamiento de aquella información y sus propósitos. Se le instó a revaluar sus políticas.
Se infringen las normas de tratamiento de datos personales y sensibles, al atribuir al recurrente ser un mal padre por la red social.
No excediendo de seis años la pena interesada por la acusación, y dada la conformidad prestada por el acusado en el acto del juicio, debe dictarse sin más trámite la sentencia procedente, según la calificación mutuamente aceptada por las partes, toda vez que los hechos calificados son constitutivos de los delitos a que se alude.
Es sabido que cualquier persona puede acceder a una plataforma digital, y consecuencialmente subir una determinada publicación, por lo que en la especie difícilmente puede atribuírsele responsabilidad a Facebook.
Debe indemnizar el daño moral por ataques a la dignidad humana, que no es de carácter meramente simbólico, pues debe ser acorde con el relieve de los valores e intereses en juego, por lo que debe protegerse el derecho fundamental no como teórico e ideal, sino como un derecho real y efectivo.
El actor fundamentó su petición a las empresas en el artículo 24 letra H) de la ley 18.168, el cual regula el principio de neutralidad de la red.
El engaño se ideó desde el principio, ya que al momento de contactar a la víctima se interesa en su situación económica, mezclando al mismo tiempo la faceta de un hombre de negocios y el pretendido amor que le procesaba.
No se aprecia un actuar ilegal o arbitrario por parte del recurrido por los hechos denunciados, ni tampoco se advierte alguna vulneración de garantías fundamentales.
A través de la red social, el demandado denostó la honra del demandante al señalar que éste utilizaba dinero público para operaciones políticas particulares, declaraciones que fueron eliminadas de la plataforma posteriormente.
No se aprecia la necesidad de cautela urgente en razón de haberse materializado la privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales objeto del recurso.
