Sanción impuesta a juez por compartir un artículo en Facebook atenta contra su libertad de expresión, resuelte el TEDH.
La sanción disciplinaria impuesta al demandante no satisface ninguna necesidad social apremiante.
La sanción disciplinaria impuesta al demandante no satisface ninguna necesidad social apremiante.
Solo expuso en las redes sociales sus ideas y opiniones, las que más allá de que puedan ser compartidas o no, no son una razón suficiente para justificar su despido.
Los usuarios no fueron informados adecuadamente sobre posibles cobros adicionales y futuras modificaciones unilaterales de contratación.
De acuerdo a estudios, un 55% de los niños en el país usan redes sociales. Un 44% de ellos crearon directamente sus cuentas y acceden a ellas sin la supervisión de sus progenitores.
Los políticos tienen la obligación de controlar el contenido de las declaraciones publicadas en sus cuentas públicas con el fin de combatir el discurso de odio.
Las autoridades nacionales no realizaron un ejercicio de ponderación adecuado entre el derecho a la libertad de expresión del demandante y los objetivos legítimos perseguidos, de conformidad con los criterios asentados por el TEDH.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer el actuar arbitrario de las recurridas, entre ellas la madre de una de las enfermeras fallecidas, por lo que les ordenó la eliminación o cancelación de las publicaciones y abstenerse en lo sucesivo de incurrir en conductas similares.
La acción “me gusta” que permiten las redes sociales se limita a expresar simpatía por un determinado contenido y no implica un deseo activo de difundirlo.
El Tribunal de alzada acogió parcialmente la acción constitucional, tras concluir que las expresiones vertidas por la recurrida APRA, por medio de la red social, “sin otorgar una posibilidad de respuesta o contra argumentación de la contraria, no pueden tener por objeto sino afectar la honra de quienes son sindicados como ‘violentistas’, cuestión que en el caso concreto se verifica, toda vez que las expresiones vertidas importan un menoscabo a las personas de los actores”.
El gobierno australiano ha señalado que la regulación será revisada por el Departamento del Tesoro, después de un año de su entrada en vigencia.