La institución castrense discriminó arbitrariamente al recurrente, al no poder acreditar bajo sus estándares el grado de obesidad que imputó al actor para ser catalogado como no apto para el servicio, en circunstancias que existían controversias acerca del real peso del funcionario al momento de la separación de las filas institucionales.
El Consejo para la Transparencia acogió el amparo de acceso a información pública y ordenó a la Fuerza Aérea entregar información sobre armas dadas de baja por la institución entre el 1 de enero de 2019 y el 22 de abril de 2022, desglosada por cantidades, tipos y modelo.
El máximo Tribunal estimó que la información de la hoja de vida del funcionario castrense, puede ser utilizada por un analista para determinar el perfil de los agentes de inteligencia y contrainteligencia de la FACH, situación que amenaza la seguridad de la nación, y es una causal suficiente de secreto.
La Corte resolvió además, que el cálculo del montepío que venía efectuando la entidad recurrida es ilegal, por cuanto paga el equivalente al último sueldo de los uniformados accidentados, cuando lo que corresponde es el pago del 100% del sueldo del grado superior.
La Junta de Selección de Oficiales está facultada para incluir en lista de retiro a cualquier funcionario de la institución si no se logra completar el número de retiros con personal que forzosamente deba ser eliminado por mala calificación.
El CDE sostiene que concurre la causa de reserva de la información del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, que establece el secreto cuando la publicidad de los antecedentes requeridos afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional.
Lo que realmente plantea el recurso es la disconformidad del recurrente con la forma en que los sentenciadores del grado dieron por establecidos los hechos constitutivos de la falta de servicio.
Los caudales provenientes de la FIDAE no constituyen fondos internos de la FACH, sino que son recursos públicos que, por aplicación de lo dispuesto en el D.L. N° 1.263 sobre Administración Financiera del Estado, deben incorporarse al presupuesto del sector público.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que condenó a Renato del Campo Santelices y Manuel Cabezas Pérez a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los hechos.
El actor alegó que su pretensión no fue considerada en sede administrativa ni en sede judicial.
El actor conoció y aceptó lo propuesto por la recurrida.
