El ente municipal había basado su negativa a entregar la información requerida en que la misma era de relevancia en un juicio de nulidad de derecho público que se encontraba en tramitación, lo que hacía aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia.

El artículo 34 no permite denuncias en abstracto de violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un solicitante no puede recurrir contra una disposición del derecho interno, una práctica nacional o un acto público simplemente porque le parezca que infringen el Convenio. El actor debe poder demostrar que ha “sufrido los efectos directos” del acto denunciado.

El máximo Tribunal observó que la judicatura de fondo no consideró en su decisión las pruebas aportadas por el demandado en segunda instancia, careciendo el fallo de alzada de la adecuada valoración de los antecedentes de hecho y de derecho al momento dirimir el arbitrio.

La falta de legitimación activa de la recurrente para accionar de protección queda en evidencia al comprobar que no es ella la titular de la patente comercial, por ende, tampoco es la afectada con la denegación de la misma.

Los jueces de fondo no ponderaron la prueba aportada por el demandado en alzada, en circunstancias que ésta era de vital importancia para fundamentar su defensa.