El Tribunal estableció la responsabilidad del hospital por el tardío tratamiento bridado a paciente que fue derivado, finalmente, al Instituto Nacional de Tórax, centro asistencial donde falleció en noviembre de 2013.

La Dirección General de Aeronáutica Civil no controló ni otorgó asistencia al demandante luego de ser agredido, lo que contraviene su deber de controlar y fiscalizar los aeródromos públicos y privados.

Los daños a la actora derivaron directamente de un accidente vascular que el Hospital no trató de forma oportuna.

No se configuró el vicio en el que se basa el incidente de nulidad acogido por el fallo en alzada, lo que constituye un grave error de procedimiento que ha impedido la materialización del debido proceso.

Las alegaciones de la demandada carecen de fundamento fáctico, ya que se encuentra asentado en los hechos de la causa que el Hospital actuó de forma negligente.

El demandado no rindió pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de su responsabilidad civil extracontractual a causa de los daños provocados.

El hospital brindó un servicio deficiente que ha provocado múltiples problemas psicológicos a las demandantes.

El aumento del monto indemnizatorio es un juicio valorativo propio del Tribunal de instancia.

La Ley N°19.966 no hace referencia a la interrupción del plazo de prescripción de la acción indemnizatoria, por lo cual corresponde aplicar el artículo 2503 del Código Civil por ser una disposición de derecho estricto.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda por infracción a los procedimientos clínicos perinatales del Ministerio de Salud.