En el fallo, el magistradodecretó el pago tras establecer la responsabilidad del demandado por la atención médica deficiente y las consecuencias que le generó a la demandante al tener que someterse a una nueva intervención quirúrgica y tratamiento psicológico, dado que no fue detectado por el personal médico que habían quedado restos de placenta tras el parto.

La reacción policial desmedida e injustificada demuestra que, en lugar de primar la táctica, la coordinación de fuerzas, la racionalidad y la prudencia por parte de los policías de la Provincia de Buenos Aires en virtud de las particulares circunstancias del caso, lo que imperó fue el descontrol, la desmesura y el abuso de poder al disparar sus armas.

En el fallo, el magistrado condenó al centro asistencial por una falta de servicio, al incumplir obligación de seguridad y resguardo de los pacientes. 

El hecho por el que se sanciona, desconsideración con un ciudadano, no precisa la queja o denuncia del afectado en cuestión, pudiendo ser sancionada la conducta si por cualquier otra vía llega a conocimiento del órgano competente. Esta es, por otra parte, la regla general en el derecho administrativo sancionador.

Juró el cargo en noviembre de 2013, pero el municipio instaló el tribunal recién en enero de 2021, tiempo en que no percibió remuneraciones y debió emplearse en otros trabajos para costear gastos de traslado a la ciudad y la mantención de su familia. La Corte Suprema estimó que el demandando provocó un perjuicio permanente en el tiempo, que solo cesó cuando la actora pudo iniciar su labor en 2021.

El municipio instó por el rechazo de la acción, aduciendo que el accidente lo produjo un simple desnivel propio de todas las aceras del país, argumento que fue estimado como una confesión judicial espontánea por el máximo Tribunal, que da cuenta del conocimiento que tiene el demandado del mal estado de la infraestructura de la comuna, dando por acreditada la falta de servicio.

Las víctimas sufrieron un accidente de tránsito luego de colisionar a una vaca que yacía muerta en una ruta de la comuna de Limache. El tribunal consideró configurada la falta de servicio por no ejecutar las medidas necesarias para la seguridad vial de la ruta en que ocurrió el evento fatal.

El Tribunal de alzada confirmó con declaración la sentencia impugnada, dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad de las demandadas en el deceso del paciente por el mal tratamiento brindado a cuadro de apendicitis.

La víctima cayó a las aguas debido a la falta de mantención de una vereda, debajo de la cual circula un canal de riego, y a la que le faltaba un segmento de la loza de cemento por la que habitualmente circulan los transeúntes del sector.

El mismo día de su nacimiento, en el hospital de El Salvador, se le suministró al menor una vacuna BCG que tenía cinco días de vencimiento. Con posterioridad, el niño contrajo meningitis y diversos trastornos, los cuales no pudieron ser acreditados por sus padres como consecuencia directa del actuar negligente de las profesionales que atendieron su hijo.