El hecho por el que se sanciona, desconsideración con un ciudadano, no precisa la queja o denuncia del afectado en cuestión, pudiendo ser sancionada la conducta si por cualquier otra vía llega a conocimiento del órgano competente. Esta es, por otra parte, la regla general en el derecho administrativo sancionador.

Juró el cargo en noviembre de 2013, pero el municipio instaló el tribunal recién en enero de 2021, tiempo en que no percibió remuneraciones y debió emplearse en otros trabajos para costear gastos de traslado a la ciudad y la mantención de su familia. La Corte Suprema estimó que el demandando provocó un perjuicio permanente en el tiempo, que solo cesó cuando la actora pudo iniciar su labor en 2021.

El municipio instó por el rechazo de la acción, aduciendo que el accidente lo produjo un simple desnivel propio de todas las aceras del país, argumento que fue estimado como una confesión judicial espontánea por el máximo Tribunal, que da cuenta del conocimiento que tiene el demandado del mal estado de la infraestructura de la comuna, dando por acreditada la falta de servicio.

Las víctimas sufrieron un accidente de tránsito luego de colisionar a una vaca que yacía muerta en una ruta de la comuna de Limache. El tribunal consideró configurada la falta de servicio por no ejecutar las medidas necesarias para la seguridad vial de la ruta en que ocurrió el evento fatal.

El Tribunal de alzada confirmó con declaración la sentencia impugnada, dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad de las demandadas en el deceso del paciente por el mal tratamiento brindado a cuadro de apendicitis.

La víctima cayó a las aguas debido a la falta de mantención de una vereda, debajo de la cual circula un canal de riego, y a la que le faltaba un segmento de la loza de cemento por la que habitualmente circulan los transeúntes del sector.

El mismo día de su nacimiento, en el hospital de El Salvador, se le suministró al menor una vacuna BCG que tenía cinco días de vencimiento. Con posterioridad, el niño contrajo meningitis y diversos trastornos, los cuales no pudieron ser acreditados por sus padres como consecuencia directa del actuar negligente de las profesionales que atendieron su hijo.

La actora acudió al Hospital de Castro por complicaciones con su embrazo, y una vez en el recinto decidió marcharse a su domicilio, para lo cual, el personal del nosocomio le hizo firmar un formulario de consentimiento informado, en que no se le comunicaba adecuadamente de los riesgos de dicha decisión, ni de la cesárea que debía ser efectuada para salvar la vida de su hijo, que falleció posteriormente.

El colegió intentó esconder la agresión indicando que sólo se trató de “una caída durante el recreo”, no obstante, el personal de salud que asistió al menor dio cuenta de una lesión renal ocasionada por un fuerte golpe, irregularidad que puso de manifiesto una errada aplicación del protocolo de accidentes escolares de parte del establecimiento.

En la sentencia, el juez estableció la responsabilidad de la recurrida por la negligencia y falta de servicio en que incurrieron tanto en el hospital de Galvarino como en el de Lautaro, al no haberse ordenado la hospitalización inmediata de la paciente.