El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de María Elena, que rechazó la demanda.
En el fallo, el magistrado hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios entablada, tras establecer la responsabilidad de la parte demandada en el fallecimiento de la hermana y madre de los demandantes.
Si bien el derecho fundamental al agua no tiene reconocimiento expreso en la Constitución, la jurisprudencia ha entendido que sí está reconocido por la Carta Política y que es un derecho autónomo. A partir de ello, la Corte ha precisado que el Estado tiene varias obligaciones y deberes, como asegurar cantidad suficiente, disponibilidad, calidad adecuada, accesibilidad física y asequibilidad para los usuarios.
La demandante llevó a su hijo al consultorio Miraflores, donde luego de esperar horas para ser atendido por una crisis respiratoria, fue enviado a su domicilio, sufriendo un paro cardiaco a la salida del recinto, falleciendo 11 días después en el Hospital de la ciudad, debido a una reacción alérgica hacia uno de los medicamentos suministrados en el consultorio.
La demanda interpuesta contra el Hospital de San Felipe fue rechazada debido a que el tribunal estimó que los demandantes no pudieron acreditar la falta de servicio, sin embargo, no se refirieron a la prueba aportada por el Servicio de Salud, limitándose a enunciarla sin efectuar ningún tipo de análisis o razonamiento. El máximo Tribunal casó de oficio el fallo impugnado e hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio.
La indemnización se reconoce a título de daño moral debido a la falta de servicio del establecimiento que derivó en una deficiente atención médica luego de que la madre ingresara para dar a luz. El máximo Tribunal confirmó la decisión de los jueces de fondo de incluir en el pago indemnizatorio a los abuelos del nonato, debido al “notable sufrimiento de ver morir a un ser querido”.
Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o ejecución irregular.
La actora incorporó una prueba pericial emitida sin cumplir los requisitos legales, instrumento que erradamente la Corte de alzada valoró como favorable, en circunstancias que correspondía que fuera desestimado.
Pese a tener al día las cuotas de un mutuo hipotecario y oponer oportunamente la excepción de pago, el tribunal certificó que tal excepción no fue opuesta, lo que devino en el remate de la casa del actor, y solo nueve años después el tribunal certificó -esta vez correctamente- que el ejecutado nunca tuvo ninguna deuda con su acreedor.
La actora ingresó para ser operada por glaucoma, y posteriormente fue sometida a dos cirugías sin su consentimiento informado para enmendar errores de la primera intervención. El máximo Tribunal estimó que el servicio prestado fue deficiente, pues el Hospital no registró las operaciones adicionales en la ficha clínica de la demandante, hecho que impidió diagnosticarla adecuadamente.
