Sin desconocer las obligaciones legales de los extranjeros respecto a la regularización de su situación migratoria y su afiliación al Sistema de Seguridad Social, el hospital debió brindar la atención requerida a la gestante, pese a su situación migratoria irregular, en virtud de su condición, el principio de solidaridad y el interés superior del menor.

Si bien el funcionario que realizó el examen médico debió consignar en el respectivo registro la discapacidad motora que motivó la limitación de la licencia, tal omisión no configura una ilegalidad ni una falta de servicio.

La falta de servicio no es suficiente por sí misma para dar nacimiento a la obligación estatal de resarcir, pues debe atenderse a la relación de causalidad entre ella y el daño ocasionado. Los tribunales han de examinar meticulosamente si suprimida la conducta que se reputa ilegítima, el daño igualmente se hubiese consumado.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó al hospital a pagar la suma de $5.515.158 por concepto de daño emergente y la suma de $50.000.000 por daño moral.

Los demandantes decidieron voluntariamente no internar a la paciente en el Hospital Regional de Temuco, hecho asentado en la causa y que no puede ser modificado mediante el recurso interpuesto acusando una inadecuada ponderación de la prueba.

El accidente y los daños derivados del mismo tienen relación de causalidad con la actuación administrativa que debió asegurar el mantenimiento de las vías públicas en unas mínimas condiciones de seguridad.

Al acreditarse el deber de mantención de los bienes de uso público por parte del municipio y el mal estado de la acera, no hace falta averiguar las razones de ese problema para determinar la falta de servicio, puesto que esa responsabilidad es de carácter objetivo.

Se aumentó la cuantía de la indemnización, considerando los montos para casos con resultado de muerte de un hijo, consignados en el baremo confeccionado por la Corte Suprema, fundado en que las consecuencias son tan dramáticas como el deceso de un hijo.

El Estado es responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiese ocasionados.

Recurrente responsabilizó al Estado por no implementar medidas de seguridad tendientes a su resguardo personal y patrimonial, lo que generó la destrucción de bienes de su propiedad en un ataque incendiario efectuado por activistas mapuches en el año 2013.