La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar al considerar que, en base a los tratados internacionales reconocidos por Chile, el Estado se encuentra obligado a garantizar condiciones de vida materiales y espirituales dignas para niños, niñas y adolescente y de no proporcionarse el fármaco, se estaría afectando la vida del paciente.
El Tribunal de alzada le ordenó a las recurridas otorgar, sin más trámite, la cobertura solicitada y financiar la terapia recomendado por el médico tratante.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido al negarse a financiar el tratamiento recomendado por los médicos tratantes.
El actor alegó que con la entrega de la información se incumplirían cláusulas de confidencialidad firmadas con el fabricante del medicamento, argumento que fue rechazado por la Corte, por cuanto las normas sobre transparencia están por sobre estipulaciones contractuales.
