El Tribunal de alzada estableció la procedencia de solicitar al país vecino la extradición del ciudadano chileno, atendido la gravedad del delito y la participación atribuida al requerido.

La defensa pudo preparar el contrainterrogatorio, al saber en todo momento que tales funcionarios fueron parte del procedimiento policial.

La valoración de la prueba realizada por el Tribunal fue incompleta, no consideró en plenitud ni con perspectiva de género la prueba encaminada a demostrar el contexto de violencia intrafamiliar habitual y reiterada que sufría la víctima.

No concurren los vicios alegados por la defensa del sentenciado, por lo que no merece reproche la sentencia impugnada.

El fallo aportó los motivos y expresó con claridad el cómo y el por qué arribó a una determinada conclusión. No existe contravención a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

La acción fue desplegada sin contemplación alguna y puso de relieve un gravísimo desprecio por la vida y la condición de mujer de la víctima.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique.

Siempre que exista alguna sospecha de violencia doméstica o hacia las mujeres, se requiere una especial diligencia por parte de las autoridades en el curso de los procedimientos internos.

Para que se configure una funa no basta el mero cuestionamiento, sino que debe haber además ánimo de dañar la imagen del afectado.

Recientemente la Ciudad de México, a través de su Poder Legislativo, aprobó la denominada “Ley Ingrid”, con la finalidad de sancionar a aquellos servidores públicos que difundan imágenes de víctimas.