El Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para el diputado desaforado Mauricio Ojeda Rebolledo, acusado de fraude al Fisco consumado y frustrado. La medida responde al peligro que representa su libertad para la sociedad, mientras se investigan presuntas irregularidades en convenios entre el Gobierno Regional y fundaciones.
El delito se habría cometido a las 15:50 horas y el reconocimiento se realizó después de las 22:08 horas de ese día, estando el imputado ya detenido por un motivo diverso. Además, no consta que la víctima antes del reconocimiento consignara las características de las personas a quienes le atribuyó la comisión del ilícito.
Se accedió a un aumento de 30 días de plazo, aun si con ello se superaba el término establecido por el legislador por estimarse más beneficioso para la defensa de los coimputados y entendiendo que no existía riesgo procesal grave para las personas en cuyo favor se recurre, ya que ellas pueden solicitar la revisión de sus medidas cautelares en cualquier momento, informó el recurrido.
Los recurrentes denunciaron la “lentitud” del ente persecutor en el avance de una investigación de un delito de usurpación, en circunstancias que la Fiscalía ha despachado diligencias y los actores no han utilizado las vías administrativas que les reconoce la ley para reclamar por la gestión de un fiscal adjunto, si encuentran que aquel ha sido deficiente en su labor.
La ley suspende al alcalde en el ejercicio de su cargo cuando ha sido acusado por delito que merezca pena aflictiva lo que constituye una consecuencia que el legislador ha podido incorporar, precisamente, en resguardo del régimen democrático y del principio de probidad, consecuencia que queda debidamente cautela con la intervención del Juez de Garantía que resuelve sobre el auto de apertura de juicio oral.
El intercambio de información es fundamental para el trabajo investigativo, tanto de la Fiscalía de Chile como de Bolivia. Necesitamos comunicaciones inmediatas, expeditas y claras, con información que realmente brinde apoyo.
Establece una nueva atribución del Ministerio Público en el marco del ejercicio de sus funciones de persecución penal. Una facultad que no estaba reglada con anterioridad y que modifica la que cumplía en relación a la existencia del delito de contrabando
Las incertezas son evidentes y derivan, en buena medida, de la negligencia del Ministerio Público al sustentar su hipótesis en dicha prueba, pero, además, de una actuación del tribunal a quo que termina subsanando las debilidades probatorias de cargo, justificándolas e imponiendo un escrutinio más allá de lo justificado a otros antecedentes y pruebas allegadas al juicio, descartándolas.
La Fiscalía ni siquiera acompañó fotografías del vehículo que permitieran tener una idea de la magnitud del golpe, el lugar de los hechos u otros aspectos importantes, por lo que resulta improbable satisfacer los elementos del tipo materia de la acusación del modo en que lo exige el procedimiento penal.
Se impone a Aduanas la obligación de presentar denuncia o querella en casos de delitos de contrabando.
Las alegaciones de la recurrente apuntan más bien a promover una distinta valoración probatoria de los elementos informativos incorporados a juicio, lo que se encuentra vedado a esta Corte.
