El despedir al personal debiendo pagar una indemnización por ello, para luego recontratarlo, es una actuación que, de mamera evidente, carece de una motivación razonable y no resulta coherente con el imperativo de destinar los montos recibidos a cumplir únicamente con la función pública que realiza la JUNJI.
El informe especifica que el municipio no cuenta con manuales de procedimientos administrativos relacionados con la Tesorería, tampoco sobre pagos y manejo de cuentas bancarias, ni sobre el funcionamiento de la caja del municipio.
La magistratura estimó que, sin perjuicio de las acciones administrativas el municipio no puede excusarse de brindar soluciones a los vecinos que acusan vulnerado el derecho a la vida e integridad psíquica, debido a la falta de fiscalización al aumento del comercio ambulante, instalación de carpas de personas en situación de calle, deterioro de los espacios público y un notable aumento en los índices de inseguridad de la zona; le ordenó coordinarse con las autoridades respectivas para implementar paulatinamente programas de control y recuperación del barrio.
Debe primar en la autoridad educacional una actividad de carácter preventivo para estimular el cumplimiento de la normativa educacional y tener a disposición y distribuir entre los sostenedores un formato tipo con la estructura y exigencias mínimas que debe tener un Reglamento Interno.
Señaló que el organismo direccionará sus labores a los temas que actualmente más demandan las personas, como la fiscalización a los servicios que se relacionan con temas de seguridad y delincuencia, fijando como directrices la especial preocupación por acciones como quema de drogas, incautación y control de armas.
El actor acusó que la falta de fiscalización del municipio incidió en la instalación desordenada de los feriantes, quienes ocupan toda la calle asignada, en circunstancias que sólo están autorizados a instalarse en la mitad de la calzada, lo que produce que cada día viernes, el afectado deba cerrar su cantera de áridos porque es imposible la circulación por el sector.
La Superintendencia de Educación tiene por objeto, entre otros cometidos, fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa educacional y si en el ejercicio de sus atribuciones detectare infracciones a la normativa educacional podrá ordenar la instrucción de un procedimiento administrativo sancionatorio.
El municipio estaba en conocimiento desde el año 2020 del funcionamiento del taller irregular, el cual siguió funcionando bajo el mando de su dueño pese a las fiscalizaciones y multas cursadas por el municipio, actos que a juicio del máximo Tribunal fueron insuficientes para mantener el imperio de la ley, y por ende, vulneraron el derecho a la integridad psíquica del recurrente, que debió soportar los ruidos molestos del taller ubicado frente a su casa.
Por unanimidad, la Sala aprobó en general el texto que propone una serie de medidas que fomentan la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instituciones que reciban aportes públicos.
Es la SMA la encargada de aplicar las sanciones que correspondan, ya sea que se trate de fiscalizaciones desarrolladas por la propia superintendencia o por otro organismo competente, y aun cuando tales procesos refieran a medidas que no hayan estado incluidas en los subprogramas establecidos por la Superintendencia.
Las solicitudes de pronunciamiento jurídico y de denuncias de particulares corresponde a una función que debe ser ejercida de acuerdo a una racional, eficiente e idónea administración de los recursos de Contraloría, por lo que es posible abstenerse o archivar presentaciones en determinados casos.
