La reclamada ha efectuado una calificación jurídica improcedente de los hechos, al sostener que hay incumplimiento del colegio por no haber concurrido la totalidad del personal a una capacitación sobre convivencia escolar.

El adecuado ejercicio de la facultad conferida a la SEC requiere que pesquise exhaustivamente todos los aspectos de la denuncia formulada por la reclamante, hasta establecer con precisión cuáles son las razones que explican el “cobro excesivo” alegado por ésta.

La denunciada señaló que en la sucursal fiscalizada contaba con un autoconsultor de precios, que es equivalente a exhibir en un listado la totalidad de precios, ya que los mismos se encuentran disponibles a todo público sin necesidad de asistencia de terceros.

Denuncia por deficiencias en infraestructura originó una fiscalización y multa para el establecimiento por incumplimiento de la normativa educacional, la que fue confirmada en las instancias judiciales.

Por medio de una resolución, se requiere al Ejecutivo instruir a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile o la institución que corresponda llevar a cabo este tipo de acciones, junto con elevar los estándares para su funcionamiento.

En primera instancia, el tribunal rechazó la denuncia infraccional del SERNAC, tras determinar que el requerimiento de antecedentes se efectuó en el ejercicio de una fiscalización, sin contar con dicha potestad, pues no estaba vigente aún en la Región Metropolitana.

Atendido que el proveedor corrigió las observaciones realizadas por el SERNAC en una fiscalización, y que ese servicio no constató dicha corrección en más de 2 años, el Tribunal decidió sólo amonestar a la empresa denunciada, por considerarlas circunstancias favorables a esta última.

Quedó asentado que entre los usuarios de la autopista y la empresa concesionaria sí existe una relación de consumo, por la cual se cobra un precio o tarifa por el uso de la vía, encontrándose regulada dicha relación por la Ley N° 19.496.

La Ley N° 21.081 que otorga facultades fiscalizadoras al SERNAC, conforme a su artículo 1° transitorio, entraba recién en vigencia el 14 de septiembre de 2020, y la visita inspectiva se llevó a cabo en enero de 2020, por lo que a esa fecha el SERNAC no contaba con atribuciones fiscalizadoras.

El Tribunal determinó que para que se configure la infracción legal, debe acreditarse que un consumidor ejerció su facultad de pedir el informe con las razones del rechazo del crédito y que la entidad lo haya denegado.