A pesar de los negativos informes previos en cuanto a la seguridad y prontitud de respuesta de los servicios de emergencia, la Intendencia Regional autorizó la marcha sin ser capaz de asegurar la integridad física de los asistentes ni de terceros externos a la manifestación, de la cual se siguieron una serie de desmanes, entre ellos, el siniestro que produjo el deceso de la víctima.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, que le ordenó al Estado pagar el porcentaje adeudado.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que estableció la responsabilidad compartida del especialista y del Estado en la intervención médica negligente.

Según el artículo 41 del DFL N°850, la empresa debe costear los gastos de traslado de la red eléctrica si la Dirección de Vialidad así lo dispone para efectuar trabajos en los caminos contiguos a la franja donde estuviere instalada.

El Fisco no atacó la aplicación del artículo 98 de la Ley N°18.092 al cuestionar la declaración de prescripción de una deuda de estudios que al tenor del artículo 13 de la Ley N°20.027 es imprescriptible.

El máximo Tribunal descartó infracciones en el juicio oral al derecho a defensa, debido proceso y tipificación del delito.

El máximo Tribunal ordenó que vuelvan los autos a la Corte de Concepción, a fin de que la sala de cuenta proceda a dictar la resolución que corresponda para efectos de dar curso progresivo a los autos.

La capitalización mensual de intereses en la deuda es improcedente, porque estaba imposibilitada de desplegar una conducta distinta si la relación laboral se estableció en la sentencia.

El arbitrio no mencionó hechos constitutivos de vulneración de garantías constitucionales que requieran amparo por vía cautelar.

Existieron antecedentes que justificaron el actuar de las recurridas, lo que lleva a descartar un error injustificado o arbitrariedad de su parte.