La iniciativa propone endurecer las sanciones en los delitos de robo de vehículos motorizados, estableciendo la obligatoriedad de cumplir condenas en prisión durante un año sin posibilidad de acceder a penas sustitutivas, y ampliar el plazo de flagrancia a 48 horas, lo que también será a aplicable al delito de receptación.
Los acusados fueron retenidos por la seguridad municipal hasta la llegada de Carabineros, quienes al percatarse que portaban especies del robo, trasladaron a los acusados al sitio del suceso, donde testigos del atraco los reconocieron. La Corte Suprema estimó que las diligencias investigativas autónomas efectuadas por los agentes, fueron dentro del plazo de flagrancia del delito, según el artículo 129 del Código Procesal Penal.
La acción de protección constitucional de amparo no tiene por objeto enmendar o corregir eventuales vicios o defectos producidos en la tramitación de un procedimiento judicial.
La defensa acusó que la orden de investigar emitida por el Fiscal estaba caduca, por lo que la detención y la evidencia levantada eran ilegales, tesis desestimada por el máximo Tribunal, que consideró que los funcionarios policiales actuaron según el mandato del artículo 129 del Código Procesal Penal, al observar mediante cámaras de televigilancia la venta de droga por parte del condenado y otro coimputado.
El delito se habría cometido a las 15:50 horas y el reconocimiento se realizó después de las 22:08 horas de ese día, estando el imputado ya detenido por un motivo diverso. Además, no consta que la víctima antes del reconocimiento consignara las características de las personas a quienes le atribuyó la comisión del ilícito.
El acusado fue observado por los agentes policiales mientras vendía papelillos de pasta base en la puerta de su casa, indicio habilitante del control investigativo y registro posterior por delito flagrante. Los funcionarios encontraron en el inmueble diversas dosis de pasta base, cocaína y marihuana listas para ser vendidas.
El actor fue sorprendido al interior de un vehículo durante el horario de restricción de circulación debido a la crisis sanitaria, y sin portar un salvoconducto, situación de flagrancia que habilita la detención por infracción al artículo 318 del Código Penal, y a la vez, autoriza a los agentes registrar las vestimentas del acusado, encontrando que aquel portaba una pistola sin la debida autorización.
El imputado intentó revertir el castigo argumentando que fue detenido en un procedimiento ilegal, pues nadie autorizó a Carabineros ingresar a su domicilio -lugar en que fue capturado- sin una orden judicial previa, tesis que fue desechada por la magistratura, al verificar que los funcionarios actuaron dentro del plazo para perseguir un delito flagrante según el artículo 129 del Código Procesal Penal.
El encartado fue fiscalizado por los agentes, quienes notaron el bulto en la cintura del acusado, que resultó ser una pistola de fogueo modificada para el disparo convencional, cargada con munición -también modificada- por lo que el control mutó a uno investigativo en atención al artículo 85 del Código Procesal Penal, siendo detenido y finalmente condenado por el porte del arma prohibida.
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta aprobó en general y en particular una moción que busca dotar a las policías de mayor tiempo para poder poner al infractor a disposición de la justicia.
Los agentes policiales detuvieron al acusado mientras se encontraba cargando en un camión televisores y un cilindro de gas; el imputado, al notar la presencia policial confesó el origen ilícito de los bienes y que había sido contactado por un amigo para “trasladar estas cosas que (el amigo) se robó de una residencial”.
