De manera de favorecer las capacidades de control, persecución y sanción de la comisión de delitos para el Ministerio Público como para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile.

En un sector de la ciudad de Valdivia, el acusado, luego de advertir la presencia de Carabineros arrojó un revólver calibre 38 al antejardín de una casa cercana, hecho que fue observado por los agentes, quienes controlaron la identidad del sujeto y corroboraron que éste no poseía permiso vigente para tener armas de fuego.

El acusado fue sorprendido por personal policial circulando por la calle con su ropa manchada con sangre, y al notar a los agentes, actuó de forma nerviosa e intentó huir, siendo detenido por la policía quien le practicó un control de identidad e incautó un arma de fogueo modificada. Además, intentó engañar a Carabineros dando un nombre falso.

Se autorizó el ingreso de los agentes que exhibieron una orden de detención en contra de un tercero que tenía el mismo domicilio. Durante la diligencia el imputado les indicó que el tercero ya no vivía allí, y que en la casa sólo encontrarían “unas pocas plantas de marihuana que son mías”, información que permitió a los funcionarios detener al infractor y decomisar cuatro plantas de cannabis.

El acusado fue sorprendido por personal policial ingresando a un vehículo robado, pudiendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilegal de la especie, por lo que fue detenido, procesado y condenado por el delito de receptación.

El acusado fue sorprendido por Carabineros en medio de una transacción de drogas en un parque en la ciudad de Valdivia. Los agentes incautaron 126 gramos de cannabis y más de un millón y medio de pesos en dinero en efectivo producto de la venta de la sustancia.

Al ser consultado por personal de Carabineros que patrullaba el sector, el acusado indicó que llevaba un arma de fuego oculta en su cinto, situación de flagrancia que permite a la policía el control de identidad investigativo.

El sentenciado sembró el terror entre los habitantes de la ciudad, efectuando diversos robos de dinero a taxistas y choferes de la aplicación Uber. El máximo Tribunal confirmó la pena de 20 años impuesta al imputado, descartando que en el juicio se haya vulnerado el debido proceso.

En la especie, los funcionarios fiscalizaron a un tercero que acababa de salir de la casa del imputado luego de una venta de drogas, motivo que autorizó el ingreso al lugar al verificar la comisión de un delito, en razón de los artículos 129, 130, y 206 del Código Procesal Penal.

La resolución señala que es necesario sancionar a quienes cometen delitos a rostro cubierto, pues son los principales responsables de la crisis de seguridad pública que se vive en el país.