Solicita que el tribunal declare estas acciones como violaciones a los derechos civiles y se busca la concesión de daños nominales y punitivos. Además, requiere una evaluación judicial que garantice la neutralidad de FEMA en futuras operaciones de asistencia, independientemente de las preferencias políticas de los beneficiarios.
Es posible que la decisión de abortar se haya tomado en soledad, pero el procedimiento en sí incluyó intervención médica y requirió tanto la presencia como la intrusión de otras personas. También destacamos que este ‘derecho a ser dejado en paz’ fue modificado por un principio limitante: el derecho no permitía a un individuo infligir daño a sí mismo o a otros.
La ley impone sanciones significativas a las empresas de redes sociales que no cumplan con sus disposiciones. Ello incluye la obligación de eliminar las cuentas existentes de menores de 14 años residentes en Florida, con la amenaza de demandas por daños y perjuicios de hasta 10.000 dólares por cuenta no eliminada, así como posibles multas de hasta 50.000 dólares por infracción.
Busca garantizar que las personas sin hogar tengan acceso a áreas designadas para acampar que ofrezcan servicios para abordar el abuso de sustancias y problemas de salud mental. Sin embargo, sus críticos sostienen que la medida no ataca las raíces del problema de la falta de vivienda.
Los jueces deben decidir si las plataformas de redes sociales deben ser tratadas como operadores comunes, sujetos a regulaciones limitadas sobre la discriminación de contenido, o si tienen más similitudes con los periódicos, que gozan de una amplia libertad editorial.
Las leyes sometidas a escrutinio prohíben a las empresas de redes sociales censurar a los usuarios que expresan sus opiniones políticas, incluso si los estos violan las políticas de la plataforma en el ejercicio de sus derechos, lo que esencialmente limita la capacidad de las compañías para filtrar publicaciones que puedan ser consideradas ofensivas.
Existe una creciente preocupación por las compras de terrenos agrícolas vinculadas al régimen chino, así como de propiedades que colindan con infraestructura crítica, por lo que la normativa restringe su adquisición. Por otro lado, limita las subvenciones que los establecimientos educativos reciben de países de “interés”.
La normativa entrará en vigor el 1 de julio y permitirá a los floridanos portar armas ocultas en espacios públicos sin necesidad de contar con una capacitación especial para ello. Además, no se requerirá verificar sus antecedentes personales en transacciones privadas de armas.
