En la actualidad, cuatro personas han desistido a la fecha de recibir tal medicamento, ya sea por sus funestos efectos secundarios o, bien, porque no advirtieron durante su uso mejora alguna en ningún ámbito vinculado a sus estados de salud.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurridas al denegar la cobertura, cuando está en riesgo el derecho constitucional a la vida, por lo que les ordenó iniciar en el más breve plazo el tratamiento indicado con el fármaco ustekinumab, el cual inhibe el sistema inmunológico y reduce la inflamación asociada a la enfermedad de Crohn.

A los tribunales no les corresponde inmiscuirse en la determinación de políticas públicas sanitarias, informó FONASA.

Los legisladores advirtieron el riesgo de que se genere «una salud de primera y segunda categoría». Este martes, la Comisión de Salud recibirá a la Asociación de Isapres. En tanto, la Comisión de Constitución aprobó en general y en votación dividida, la reforma que busca incorporar una disposición transitoria que regule las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios.

El Tribunal de alzada consideró que no se encuentra justificada la negativa a financiar el medicamento que fue recomendado por el médico tratante. 

No se advirtió una condición de urgencia que requiriera de atención médica impostergable para evitar la prolongación de riesgo vital, ya que la paciente fue tratada por síntomas de una enfermedad que ya padecía.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido al negarse a financiar el tratamiento recomendado por los médicos tratantes.

El único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. Si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, pueden efectuar sin limitación trámites o solicitudes en establecimientos públicos.

El Tribunal de alzada estableció la obligación de la recurrida de otorgar la cobertura, la que está contemplada en la ley 19.650, norma que garantiza la atención de urgencia en cualquier establecimiento de salud público o privado.

Mientras las aseguradoras plantearon sus posturas sobre «que la sentencia no las obligaría a devolver excedentes», ex autoridades de salud y parlamentarios hicieron un llamado a “cumplir todo el fallo” que emitió la justicia.