En la discusión, los senadores analizaron la gestión de las listas de espera No Auge. Miles de pacientes esperan cirugías en el sistema público que podrían agilizarse en el privado, la pregunta es ¿bajo qué condiciones?
Recurrentes acusaron vulneración de su derecho a la protección de la salud, lo que fue desestimado al verificar la Corte que no se les negó el servicio, sino solo que se les cambió el prestador asignado.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurrentes al denegar la cobertura, por lo que les ordenó iniciar en el más breve plazo el tratamiento indicado con el fármaco Trikafta.
Las consideraciones de orden administrativo y económico no deben invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona.
La actora alega que la recurrida no paga un beneficio legal, cumpliendo todos los requisitos establecidos al efecto, siendo sometida a un trato desigual, carente de justificación racional, basado en diferencias arbitrarias.
La cobertura que otorga la ley de urgencia se encuentra condicionada a la calificación de gravedad que otorga un médico cirujano en la primera atención.
No existe acto ilegal que se pueda imputar a la recurrida y la resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada ajustándose a derecho.
Se estableció el estado de riesgo vital en que se encontraba la paciente y que llevó a su hospitalización de urgencia en la Clínica Dávila, la que era coherente con su diagnóstico de ingreso.
Si bien deben ser consideradas las razones de orden administrativo y económico, éstas no constituyen fundamento suficiente cuando resulta amagado el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona.
Si bien las consideraciones de orden administrativo y económico importan en la decisión de la autoridad, éstas no pueden prevalecer cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad de una persona.
