Los recurrentes denuncian que tal decisión es arbitraria e ilegal, ya que el paciente no se encontraba hospitalizado al momento del traslado, y además, no se le estaba brindando la atención médica de emergencia adecuada en el hospital, por lo que la causal de exclusión no aplicaría.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurridas al negar el tratamiento recomendado por médico tratante, lo que se traduce en una afectación patente al derecho a la vida y a la salud de la menor de edad.
Pues se acogió a los beneficios entregados por retiro del cargo -de forma íntegra- previstos en las leyes 19.882, 20.948 y 20.405.
El artículo 143 del DFL N°1 de 2005 es claro en señalar que la Corte de Apelaciones, conociendo de un reclamo de ilegalidad en contra de una resolución del ministro, falla el asunto en única instancia, por lo que no es posible recurrir vía casación en contra de aquella sentencia.
Al negarse a proporcionar un medicamento indispensable para la sobrevida e integridad física del menor, sobre la base de consideraciones de índole administrativa y económica, se ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal.
