El máximo Tribunal hizo suyo el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, que exigió el título apostillado original y no aceptó el documento electrónico respecto del título profesional acompañado por un ciudadano venezolano, para acreditar su calidad técnica, y así poder retirar los fondos descontados en virtud de la Ley Nº18.156.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario de la aseguradora de fondos de pensiones, por lo que le dio plazo de cinco días para proceder a la devolución, sin más trámite, del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual del cotizante fallecido, a su familia.
La recurrente firmó, luego de ocho meses de terminada su relación laboral, un anexo de contrato donde manifestaba dicha voluntad, no cumpliendo así con la normativa aplicable, que exige que el instrumento que contenga su consentimiento haya sido suscrito mientras esté vigente su trabajo.
En este caso no existe certeza acerca de la muerte del padre del titular de los fondos, por lo que no corresponde la entrega de estos a título de herencia a los hermanos.
El Gobierno buscar reafirmar su compromiso de respetar la propiedad de los fondos de pensiones ahorrados en las cuentas de las y los trabajadores(as) que se rigen por el Decreto Ley N°3.500 de 1980.
Los fondos solicitados corresponden al período trabajado dentro del país, y deben ser reintegrados en cumplimiento de los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156.
Reforzar la propiedad privada sobre las cuentas de ahorro de pensión es una señal adicional de seguridad, no solo para el mercado, sino también para la ciudadanía.
No constó en forma escrita la voluntad del actor de mantenerse afiliado a un régimen de previsión fuera del país.
Los fondos de pensiones son bienes valiosos o vulnerables, que no son suficientemente cautelados mediante la responsabilidad por negligencia.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de las recurridas y les ordenaron la devolución de los fondos, incluidos las comisiones que se hubieran generado en perjuicio o beneficio del recurrente.
El tribunal estimó que no corresponde que la materia sea discutida en sede de protección.
