Por diez años, un hombre drogó a su esposa para violentarla sexualmente junto a por lo menos 80 hombres más. ¿Qué reflexiones podemos tomar desde América Latina sobre este juicio que inició hace poco en Francia?
Napoleón Bonaparte no era un superdotado. La longitud de su miembro viril era tamaño estándar tirando a pequeño. Quizá fue eso lo que llevó a los ingleses a conservarlo: Para tratar de comprender cómo un hombre con atributos como esos había sido capaz de construir un imperio que subyugó a Europa a principios del siglo XIX.
Para entender cómo el lema “Libertad, Igualdad, Fraternidad” se volvió un símbolo de Francia y cruzó el Atlántico hay que viajar por la historia, pero un hecho reciente muestra que ese antiguo tríptico aún supone más que simples palabras.
El Convenio franco-monegasco de 2005 preveía expresamente que la duración de las comisiones de servicio era de tres años, «renovables una vez», salvo pacto en contrario en vigor entre los dos Estados y sujeto a posibles excepciones. Este texto no especificaba que la renovación de la comisión de servicio se concedería automáticamente al final del período de tres años.
Se subraya la importancia de combatir la prostitución y las redes de trata de personas, así como la obligación de los Estados partes de la Convención de proteger a las víctimas. Aceptamos que los objetivos perseguidos por la medida impugnada, a saber, la defensa del orden y la seguridad públicos, la prevención de delitos, así como la protección de la salud y los derechos y libertades de los demás, constituyen objetivos legítimos en el sentido del artículo 8 del Convenio.
El actor cuestionó la legalidad de la transcripción de las conversaciones, argumentando que no había sido necesaria para los fines de la investigación. Una serie de supuestos defectos podrían haber sido examinados por los tribunales nacionales como parte de una acción de indemnización. Esa vía habría permitido a los tribunales nacionales abordar el fondo de la queja de los demandantes sobre la Convención.
No parece que la medida preventiva adoptada hubiera sido el resultado de una evaluación individual y detallada de su comportamiento o de sus acciones que hubiera permitido fundamentar el riesgo de que pudiera contribuir a los disturbios temidos por las autoridades. Además, el examen judicial de la medida adoptada contra el demandante no fue acompañado de garantías procesales adecuadas.
Una medida que implique la infiltración de dispositivos terminales con el fin de recopilar datos de tráfico, localización y comunicación de un servicio de comunicación basado en Internet debe notificarse al Estado miembro en el que se encuentre el objeto de dicha medida. La autoridad competente de ese Estado miembro tiene entonces derecho a indicar que esa interceptación de telecomunicaciones no puede llevarse a cabo.
La doctrina de los actos de Estado fue interpretada de manera restrictiva por los tribunales administrativos, que habían desarrollado el concepto de acto disociable del comportamiento de los diplomáticos franceses.
Por su apoyo a esta medida, el presidente Emmanuel Macron fue acusado de utilizar la Constitución con fines electorales.
