Las autoridades francesas al emitir y posteriormente revisar la orden de expulsión, no tuvieron en cuenta el hecho de que la condición de refugiado no se pierde sólo por retirar el reconocimiento formal de este estatus. Además, el Estado no evaluó los riesgos a los que se enfrentaría el refugiado si se ejecutara la orden de expulsión.

Es inapropiado recopilar datos personales relacionados con la orientación sexual, sobre la base de meras especulaciones o presunciones. Para lograr el objetivo de seguridad sanguínea habría sido suficiente dejar constancia de la negativa del demandante a responder las preguntas, ya que ese factor por sí solo podría justificar la negativa a admitirlo como un donante de sangre.

Estableció que ciertas disposiciones tributarias ya declaradas conformes a la Constitución, y alteradas luego por jurisprudencia posterior del mismo, no implican una modificación del alcance del principio de proporcionalidad.

Corte de Estrasburgo considera desproporcionado el castigo impuesto por el Estado de Francia a un antiguo terrorista que calificó de “valientes” a los yihadistas que perpetraron diversos ataques en París el año 2015.

El pase de movilidad no será exigible para ingresar a reuniones políticas y la opción de presentar un examen negativo será derogada.

Incumbe al legislador garantizar a las personas condenadas, la posibilidad de llevar ante la judicatura, un caso en que la sanción fue impuesta contrariando la dignidad de la persona humana.

Consideró que las reformas en asuntos como la publicación de la lista de candidatos, vigencia de la reforma orgánica, aporte fiscal a los candidatos, voto por correspondencia, donaciones, escrutinios de votos, entre otros, son de carácter orgánico constitucional y que son constitucionales.

La Corte de Versalles consideró que incurrió en una violación grave y continuada de los deberes y obligaciones del matrimonio, haciendo intolerable el mantenimiento de la vida en común. La mujer, no obstante, no fue condenada a pagar ninguna indemnización.

El proyecto impone la obligación de que cualquier salario o prestación social se abone en una cuenta bancaria en la que la empleada sea titular o cotitular, como una forma de evitar que la remuneración de algunas mujeres quede bajo el control de sus maridos.

El actor arguyó que, las disposiciones del Código Procesal Penal cuya constitucionalidad cuestiona, desconocen los derechos de la defensa en contexto de un debido proceso, en la medida que no prevén informar o notificar previamente al tutor o curador.