El informe menciona específicamente la alegación de que la mayoría de estas muertes se atribuyen a la falta de cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en las operaciones militares, principios esenciales del derecho internacional humanitario. A su vez, el documento examina la posibilidad de un patrón de segregación y fragmentación de las comunidades palestinas.
El caso Sudáfrica contra Israel se inició cuando este país presentó una solicitud ante la CIJ el 29 de diciembre de 2023. En esta, Sudáfrica alegó que Israel incumplió sus obligaciones conforme a la Convención sobre Genocidio en relación con sus acciones militares en la Franja de Gaza. El 16 de febrero, la CIJ instó a Israel a abstenerse de realizar acciones que pudieran conducir a un genocidio y a facilitar el acceso humanitario a los palestinos en Gaza.
El ministro de Asuntos Exteriores expuso que Dinamarca no podía proceder con el reconocimiento de un Estado palestino independiente debido a la ausencia de ciertos requisitos esenciales. Entre ellos la necesidad de una población permanente, un territorio geográfico delimitado y la existencia de un poder efectivo capaz de gobernar a la población.
El presidente Biden, quien suspendió el envío de armas debido a preocupaciones sobre posibles bajas civiles en la ciudad de Rafah, ha manifestado su oposición al proyecto de ley. Argumenta que la legislación limitaría su capacidad para asegurar que las transferencias de armas se alineen con los objetivos de la política exterior de Estados Unidos y afectaría su función como Comandante en Jefe.
El Gobierno de Colombia presenta la presente Declaración de Intervención con la creencia genuina de que los Estados partes en la Convención sobre Genocidio deben hacer todo lo que esté a su alcance para contribuir a asegurar la prevención, represión y castigo del genocidio.
Israel debe garantizar con efecto inmediato que sus fuerzas armadas no cometan actos que constituyan una violación de cualquiera de los derechos de los palestinos en Gaza como grupo protegido en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, incluso previniendo, mediante cualquier acción, la entrega de la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia.
Solicitan que se dicte una orden judicial que invalide la emisión de permisos de exportación de componentes y tecnologías militares destinadas a Israel, aduciendo que estas exportaciones plantean un riesgo sustancial de violaciones graves del derecho internacional humanitario y actos de violencia contra mujeres y niños.
El caso se suscitó a raíz de una demanda presentada por tres ONG en 2023, que adujeron que el suministro de piezas para los aviones F-35 de Israel viola el derecho internacional. Aunque un tribunal inferior inicialmente desestimó estas reclamaciones, el Tribunal de Apelaciones acogió sus fundamentos.
Hay casos raros en los que el resultado preferido es inaccesible al tribunal. Este es uno de esos casos. La Corte está obligada por el precedente y la división de poderes a abstenerse de ejercer jurisdicción en este asunto. Sin embargo, como ha determinado la CIJ, es plausible que la conducta de Israel equivalga a genocidio.
El Estado de Israel, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en relación con los palestinos en Gaza, tomará todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos comprendidos en el ámbito del artículo II de este Convenio.
Con ocasión de la presentación de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por actos genocidas del Estado de Israel en la Franja de Gaza, se explica la acción procesal a la luz de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, se propone la suspensión del debate acerca del tipo penal internacional y, en base a jurisprudencia de la propia Corte, se analiza el “riesgo de genocidio” como factor de competencia prima facie y estándar de suficiencia cautelar.
