El magistrado no hizo lugar a la petición de la defensa, la que solicitaba que Godoy Muñoz fuera sobreseído definitivamente en uno de los cargos por cohecho del imputado, relativo al pago de cerca de $7.000.000 en efectivo que habría realizado un empresario al edil, para asegurar la adjudicación de contratos de feria navideña y cena para funcionarios municipales.

En la audiencia de formalización, el magistrado Juan Pablo Gómez Heredia ordenó el ingreso de Agusto Pérez al Centro de Detención Preventiva de Calama, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación. 

Alegó que las normas legales objetadas infringen el principio democrático, el derecho a sufragio, la garantía del debido proceso y la garantía de autorización judicial previa, desde que permiten que, sin control judicial previo, y por medio de actos administrativos y comunicaciones entre autoridades, se suspenda el derecho a sufragio y luego se inhabilite para ejercer un cargo democráticamente electo, todo sin que exista condena alguna y cuando aún está amparado en la presunción de inocencia.

El tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción, que no accedió a cambiar la medida cautelar que cumple el imputado desde el 30 de noviembre de 2023 y que fue revisada en audiencia del 11 de marzo pasado.

Alega que las normas legales objetadas infringen el principio democrático, el derecho a sufragio, la garantía del debido proceso y la garantía de autorización judicial previa, desde que permiten que sin control judicial previo, y por medio de actos administrativos y comunicaciones entre autoridades, se suspenda el derecho a sufragio y luego se inhabilite para ejercer un cargo democráticamente electo, todo sin que exista condena alguna y cuando aún está amparado en la presunción de inocencia.

Al resolver el cambio de cautelares, el juez  razonó que: “No obstante entender que existen antecedentes plausibles de su participación en los hechos, entiende que la medida cautelar de prisión preventiva, en esta etapa respecto a determinados hechos, aparece como desproporcionada”. 

En la resolución el magistrado aplicó, además, a Cartes Tamayo y Lozano Vidal las accesorias legales de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos  por el término de 10 años, suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, la prohibición de acercarse a la municipalidad y el pago de multas de 25 y 5 UTM, respectivamente, por el delito de cohecho; y multas de 50 y 10 UF por fraude al Fisco.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a la tutela judicial efectiva en relación al debido proceso y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho al ejercicio de la acción penal y el principio de seguridad jurídica, desde no puede continuar como querellante en el proceso en contra de la ex alcaldesa Cathy Barriga.

En la audiencia de formalización el magistrado onsideró que las cautelares impuestas resultan adecuadas y proporcionales, por ahora, para asegurar la comparecencia de la imputada al procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y los principios de irretroactividad de la ley penal y de legalidad, como así también el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica, desde que con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley N°21.121, se aumentó ostensiblemente el marco punitivo de los delitos.