El Tribunal de alzada estableció falta de fundamentación en la resolución impugnada, dictada por la Comisión de Libertad Condicional, que rechazó la solicitud del amparado.
El máximo Tribunal estimó que el funcionario administró deslealmente el patrimonio de su unidad militar, para gestionar un viatico que le reembolsaría una suma de dinero que el acusado aportó ante una emergencia, para suplir los gastos menores del regimiento.
La calidad de funcionario público es incomunicable al resto de los participantes, y debido a que el tribunal de base no recalificó los hechos como estafa común, el acusado debe ser absuelto en aplicación del artículo 341 del Código Procesal Penal, pues solo se puede emitir condena respecto de un individuo únicamente por la calificación jurídica hecha en la acusación.
El máximo Tribunal anuló la sentencia en aquella parte que condenó a los acusados César Rojas Gaete y Cristián Gutiérrez Martínez por fraude al Fisco al considerar que no eran funcionarios públicos a la época de los hechos.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando en audiencia de reformalización de la investigación, realizada el miércoles recién pasado.
Uno de los ministros que rechazó el recurso, era al mismo tiempo el presidente del Tribunal Electoral de la región, órgano que destituyó al edil por los mismos hechos que posteriormente sirvieron a la justicia para condenarlo por malversación de recursos públicos, por lo que se encontraba legalmente implicado y no se abstuvo de participar en la vista de la causa, hecho que vulneró la garantía procesal del tribunal imparcial.
Los requirentes estiman que la norma refutada infringe principios fundamentales del Derecho Penal amparados por la Constitución.
La requirente alegó que el hecho de juzgar a un militar por un delito común contraviene la Constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.
El máximo Tribunal consideró que no se vulneró el debido proceso del actor, a quien se le condena por “la abundante prueba documental y testimonial”. Sostiene además, que pudo acreditarse en juicio que el encartado actuó en todo momento con dolo, al conocer la falsificación y el uso de las facturas y montos desviados.
Los ingresos del recurrente se han valorado para acoger la demanda, pero ponen de manifiesto la ilegalidad en que ha incurrido, por lo que se remitirá a la Seguridad Social copia de la sentencia y de todos los documentos que aportó referidos a los ingresos que percibe fuera y dentro de España.
